El hallazgo más importante de un nuevo análisis sobre el aborto clandestino en Chile es justamente la poca evidencia sólida que de hecho existe acerca del tema. El nuevo informe, "Aborto Inducido en Chile" (in English) realizado por Elena Prada, consultora independiente, y Haley Ball del Guttmacher Institute, documenta las principales brechas en el conocimiento relativo a la incidencia y las consecuencias del aborto inducido, las características de las mujeres que buscan servicios de aborto y sus razones para hacerlo. El análisis también documenta la falta de información disponible sobre el uso de anticonceptivos, el embarazo no planeado y otros factores que influyen en la necesidad de servicios de aborto.
Hay un amplio consenso en torno a que las mujeres chilenas que recurren a abortos inseguros y que, posteriormente, buscan tratamiento debido a complicaciones, tienden a provenir de los grupos más desfavorecidos del país. Se considera que las mujeres chilenas que viven en condiciones de pobreza tienen una mayor probabilidad de usar métodos inseguros de aborto y de buscar tratamiento postaborto en instituciones de salud pública. Estas mujeres también son las que tienen una mayor probabilidad de ser procesadas penalmente por buscar servicios clandestinos de aborto.
Chile es uno de los pocos países del mundo que prohíbe el aborto inducido bajo toda circunstancia, incluso si la vida de la mujer está en riesgo. El debate informado sobre el impacto del aborto clandestino en las mujeres chilenas y sus familias se ve obstaculizado por la falta de datos disponibles. A diferencia de muchos de los países de la región, Chile no tiene estudios a gran escala como las Encuestas Demográficas y de Salud, que podrían proporcionar datos para informar acerca de este tema.
Las autoras sugieren que, además de la investigación enfocada directamente en el aborto, es necesario investigar sobre el embarazo no planeado y la necesidad insatisfecha de anticoncepción, tanto para contextualizar las razones por las cuales las mujeres recurren al aborto, así como para contribuir a evaluar y mejorar su capacidad de planificar el momento y número de sus embarazos. Con esta evidencia en mano, los hacedores de políticas y los proveedores de servicios de salud tendrán una mayor capacidad para diseñar políticas e intervenciones apropiadas que supongan una mejor contribución a la salud pública de la nación.